El sistema político norteamericano comete excesos en favor del establishment. Con mil contenciones, dilaciones y vericuetos legales que no alcanzarían a personas de a pie.

El sistema fue bastante rápido y eficiente para detener, procesar y encarcelar a los pobres e ingenuos, aunque violentos, asaltantes al Congreso (algunos inimputables por disonancias evidentes), y muy lento y taimado frente a personajes de más envergadura.

El lock him up no es un hecho, aun con todas las razones y merecimientos del caso. Y es muy posible que fuera altamente efectivo con un tipo como Obama, en caso hubiera cometido la mitad de las faltas de un personaje que jamás debió salir del fraude inmobiliario.

Llevamos casi dos años en este sainete infinito, con gastos de millones de dólares de las arcas públicas y nada claro ni aleccionador se avisora de inmediato.

O sea, hasta ahora todo indica que si eres poderoso y mediático y tienes amistades y vínculos poderosos, las posibilidades de ser procesado son bastante menores pues el poder y las influencias constituyen perfectos disuasivos frente a un sistema institucional y legal desactualizado y muy permisivo con las figuras de más peso económico, político y electoral.

Se habla muchísimo sobre las felonías y las violaciones de Trump pero ni ha sido formalmente imputado ni la condena alcanza a los 237 congresistas republicanos, tan autócratas y violadores de los procesos y la Constitución como el 45 presidente de los Estados Unidos y su nepotista cohorte de asistentes.

De esos 237 congresistas -en activo la gran mayoría-, 129 dijeron públicamente que durante las elecciones hubo fraude y que Trump era el vencedor. Mientras otros 108 eligieron no responder, dejando margen a la muy evidente estafa de un posible robo electoral.

La inmensa mayoría de los congresistas y senadores republicanos se plegaron y apoyaron tales ideas, sin pruebas de ninguna clase, y con un daño tan elevado que todavía llena de dudas a todo un sistema que impacta mucho más allá de los Estados Unidos.

Pero estos funcionarios públicos no compartieron sus opiniones y dichos en sus casas o en un bar. Lo hicieron en el Congreso, presionaron a los colegios electorales de varios Estados (Georgia, Arizona, Pensilvania, Michigan, Ohio), hicieron escandalosos alegatos públicos y votaron mociones correspondientes.

O sea, no fue solo Trump el que promovió un golpe institucional pues él solo muy poco habría podido hacer.

Para que él hiciera lo que hizo, en un país federal y con balance de poderes, debió contar con el apoyo de jueces, legisladores y otros funcionarios de primer nivel a escala nacional.

Los nombres y las palabras de muchos de ellos están grabadas y son de conocimiento de todo el que le interese acercarse a la vergüenza que constituyó aquel proceso.

So frente a estos hechos, no estaríamos en presencia de tantas garantías o certezas procesales como de franca y abierta impunidad.

Los defensores a ultranza del GOP, que muchas veces no pasan de ser sicofantes selectivos, deberían tener un poco de pudor a la hora de señalar procesos externos como arbitrarios, anticonstitucionales y fraudulentos cuando problemas semejantes y de mayor alcance son promovidos por ellos mismos en su propia casa.

Las anteriores son algunas de las razones de porqué cuesta tanto sentir cotas mínimas de respeto hacia los entusiastas justificadores de tales conductas.